¿Puede una crisis financiera detener una sanción contractual? El Tribunal Superior de Medellín resolvió la tensión entre la Teoría de la Imprevisión y la Cláusula Penal. Un comprador justificó su impago por la insolvencia de sus socios, pero la justicia desestimó la defensa: el riesgo de liquidez es previsible y propio del negocio. El fallo ratifica la exigibilidad de la multa, aunque ordenó su reducción proporcional por los abonos previos, aplicando la equidad frente al rigo

La libertad económica se encuentra limitada por la competencia desleal, en virtud de la cual se impone a quienes participan en el mercado el deber de actuar conforme a los usos honestos y a la buena fe comercial.

En el régimen de Propiedad Horizontal, la operación de ascensores no es un asunto menor desde la óptica de la responsabilidad civil.

El Consejo de Estado consideró que el arbitraje se encuentra engendrado en la autonomía de la voluntad de las partes contractuales, por lo que son ellas mismas a través de un negocio jurídico, las que deciden someter el asunto ante el árbitro.

El fallo ratifica que los Términos de Referencia obligan a las partes y que la garantía de seriedad actúa como tasación anticipada de perjuicios.

La sentencia de segunda instancia resolvió la apelación en un proceso de Responsabilidad Civil, poniendo el foco en la prueba pericial para diferenciar la culpa del constructor de la negligencia en el mantenimiento de las áreas comunes por parte de la administración.

El término de 10 años contenido en el numeral 3 del artículo 2060 del Código Civil es de garantía y no de prescripción o caducidad.

Considerando la creciente presencia de mascotas, la tenencia responsable es crucial, implicando no solo un compromiso ético de respeto animal, sino también una obligación jurídica de previsión, vigilancia y cuidado para prevenir daños a terceros y garantizar la convivencia armónica.

El Congreso expidió la Ley 2540 de 2025, cuyo objetivo es implementar el arbitraje como un nuevo mecanismo para tramitar estos procesos y contribuir significativamente a la descongestión del sistema judicial.

El Tribunal de Medellín halló responsable a una P.H. por un incendio, al determinar que su omisión en el mantenimiento de las áreas comunes y la falta de una red contra incendios causaron los daños. La sentencia enfatiza que la P.H. tiene el deber legal de garantizar la seguridad. Desestimó el argumento de culpar a la constructora, confirmando la responsabilidad de la copropiedad. Se condenó a la P.H. a pagar por daño moral y emergente.

La sentencia establece que no todos los daños en una propiedad son fallas graves. Conozca el fallo que aclaró la diferencia legal entre acabados y estabilidad de la obra.

El Decreto 768 de 2025 impacta directamente la convivencia en la propiedad horizontal. El documento clarifica que los habitantes son responsables de la privacidad en sus hogares y establece el deber de las copropiedades de tener sus reglamentos de convivencia disponibles para las autoridades. Además, las propiedades horizontales que realicen actividades de esparcimiento similares a las económicas deberán cumplir con todos los requisitos de la Ley 1801 de 2016.

Subrogación en el contrato de seguro y sus límites legales.

Las personas se encuentran amparadas por el derecho al acceso a la administración de justicia, el cual se materializa a través del derecho a litigar. Sin embargo, este puede tornarse como una forma de abuso del derecho cuando se ejerce con temeridad, mala fe, negligencia o intención dañina.

Contrato de arrendamiento de local comercial: diferencias entre la renovación y la prórroga y sus implicaciones para el desahucio.

Cuando las facultades de un representante legal de una sociedad están limitadas por la cuantía, se requiriere aprobación del máximo órgano social para obligaciones que excedan el monto autorizado, de lo contrario los documentos presentados para cobro carecerán de fuerza ejecutiva. De no hacerlo, los documentos presentados para cobro carecerán de fuerza ejecutiva, pues se entenderá que no provienen válidamente del deudor.

¿La publicación de datos personales en procesos judiciales en el portal de la Rama Judicial y su impacto en el derecho fundamental al buen nombre y la intimidad?

La fiduciaria ostenta una serie de deberes legales y contractuales que trascienden la simple administración pasiva del patrimonio autónomo.

Defectos en acabados de inmuebles: el consumidor prueba la falla de calidad, idoneidad, seguridad o buen funcionamiento. El vendedor, a su vez, debe demostrar la correcta reparación del acabado o línea vital, distribuyendo así la carga probatoria en la garantía legal.

Disputa legal por vicios ocultos en compraventa de vivienda. El Tribunal Superior decide sobre la rescisión del contrato y las responsabilidades de las partes en la transacción inmobiliaria.