Rendición de cuentas: Finalidad del proceso, deber de informar sobre la gestión y prueba de los gastos

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La Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo profirió una decisión el 12 de agosto de 2026 en la que confirmó el auto de primera instancia dictado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sogamoso, manteniendo parcialmente fundada la objeción dentro de un proceso de rendición provocada de cuentas y ratificando el saldo a favor de la sociedad demandante para garantizar la transparencia en la administración de los recursos de un consorcio.
1- Controversia en la rendición de cuentas del consorcio
La controversia se originó tras la ejecución de un contrato de obra civil adelantado por un consorcio entre septiembre de 2013 y febrero de 2019. Ante la falta de entrega de utilidades al finalizar el proyecto, una de las empresas integrantes acudió al proceso de rendición provocada de cuentas contra el representante legal y administrador del consorcio. Este trámite judicial tiene como objetivo que quien administra dinero o bienes ajenos presente los ingresos y gastos de su gestión con sus respectivos soportes, para definir con certeza quién le debe a quién y en qué monto. Luego de que una sentencia ordenara rendir las cuentas, la sociedad demandante objetó el informe presentado por considerar que incluía gastos sin respaldo válido y solicitó reconocer intereses y enviar copias a la Fiscalía.
El demandado apeló la decisión de primera instancia argumentando que el juzgado rechazó varios gastos del proyecto aplicando reglas tributarias que no correspondían, pues a su juicio los comprobantes internos de pago bastaban para demostrar los egresos conforme a las normas contables de la época, además de sostener que llevar la contabilidad era tarea de todos los miembros del consorcio. Por su parte, la sociedad demandante apeló reclamando un capital mayor, el pago de intereses moratorios desde el año 2014 y el envío del expediente a la autoridad penal por presunta falsedad en los documentos aportados.
2- Requisitos de los soportes contables y responsabilidad del administrador
El Tribunal de segunda instancia confirmó el saldo fijado a favor de la demandante y aclaró que, aunque la contabilidad financiera, regida entonces por el Decreto 2649 de 1993 y hoy por la Ley 1314 de 2009, tiene fines distintos a los impuestos, esa diferencia no libera al administrador de probar de forma clara y verificable cada gasto que pretende descontar de los ingresos.
Al revisar las pruebas y el dictamen pericial contable, la Sala basó su decisión en tres puntos:
Diferencia entre contabilidad e impuestos: Aunque el artículo 107 del Estatuto Tributario exige requisitos más estrictos para deducir impuestos que los usados en la contabilidad interna de un negocio, en un juicio de cuentas no sirven documentos ambiguos, sin fecha o que no identifiquen con claridad qué se pagó.
Necesidad de probar el origen del gasto: Mostrar un comprobante de egreso o una salida de dinero en un extracto bancario no basta si faltan los documentos que expliquen el concepto del pago y su relación con la obra; por ello, los gastos sin soporte se excluyen al calcular las utilidades a repartir.
Deber individual de rendir cuentas: Aunque el contrato del consorcio mencionaba deberes contables para todos sus miembros, una sentencia previa ya había definido que la administración y el manejo del dinero estuvieron a cargo exclusivo del demandado, por lo que le correspondía responder por las cuentas.
3- Nacimiento de la deuda, intereses y alcance penal
El otro punto central de la decisión consistió en negar los intereses remuneratorios y moratorios que la sociedad demandante pedía cobrar desde el año 2014. La Sala explicó que, según el artículo 379 del Código General del Proceso, la rendición provocada de cuentas tiene dos etapas: primero se declara si existe la obligación de rendir cuentas y luego, en la fase de condena, se estudian las objeciones y se fija el saldo definitivo.
De acuerdo con esta regla procesal, la deuda exigible nace únicamente cuando el juez dicta el auto que fija el monto líquido a pagar. Como no existía una ley ni una cláusula del contrato que ordenara pagar intereses antes de esa liquidación, no procedía cobrar intereses moratorios hacia atrás; así, el Tribunal mantuvo solo la actualización del dinero desde febrero de 2019, fecha en que terminó el consorcio y confirmó la condena a cargo del demandado en la suma de $1.671.520.405.
Así mismo, el Tribunal negó la solicitud de enviar copias a la Fiscalía General de la Nación bajo el artículo 67 de la Ley 906 de 2004, al señalar que presentar soportes contables incompletos o sin fecha impide tenerlos en cuenta como prueba civil, pero no demuestra por sí solo que los documentos hayan sido falsificados o alterados para engañar al juez.
Esta decisión consolida una subregla jurisprudencial clara: en los procesos de rendición provocada de cuentas, la diferencia entre la contabilidad comercial y las normas tributarias no exime a quien administra dinero ajeno de respaldar sus gastos con documentos claros, fechados y verificables. Además, confirma que la obligación de pagar solo surge con la decisión judicial que fija el saldo final, sin intereses moratorios previos salvo pacto expreso y que las fallas contables no implican automáticamente un delito.
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