• Guillermo Diaz Socio Clickabogados

Liquidación privada y judicial de sociedades, diferencias y procedimiento


Compartimos en esta entrada el concepto No. I220-037726 del 09 de abril de 2021 emitido por la Superintendencia de sociedades, mediante el cual se resuelve una consulta referente a la liquidación de sociedades de forma voluntaria y de forma judicial, en los siguientes términos:


"Como es de conocimiento, la ley consagra dos formas de liquidación de una sociedad comercial, la liquidación privada o voluntaria y la liquidación judicial, la primera se encuentra regulada por el Código de Comercio, en tanto que la segunda se rige por la Ley 1116 de 2006, procesos cuyo trámite se describe a continuación en términos generales:


I. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA O PRIVADA DE UNA SOCIEDAD COMERCIAL


Disuelta la sociedad se procederá a su inmediata liquidación conforme al artículo 222 del Código de Comercio, y no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social, conservando su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación. Dicho proceso liquidatario deberá adelantarse por un liquidador, nombrado de conformidad con lo previsto en los estatutos o en la ley (artículo 225 del Código de Comercio). Mientras no se haga y registre el nombramiento del liquidador, actuará en tal calidad la persona o personas que figuren inscritas en el registro mercantil del domicilio social como representantes de la sociedad (artículo 227 del Código de Comercio). Sin embargo, cuando agotados los medios previstos por ley o en el contrato para hacer la designación del liquidador, y esta no se haga, cualquiera de los asociados podrá solicitar a la Superintendencia de Sociedades para que designe al liquidador en los términos del inciso tercero del artículo 24 de la Ley 1429 de 2010.


¿Cuándo se entiende disuelta una sociedad comercial?


Se podría decir que es el momento en el cual el ente jurídico pone fin al desarrollo de las actividades previstas en su objeto social y entra en el proceso de liquidación. Existen diferentes causales de disolución, las cuales pueden provenir de lo pactado en los estatutos sociales, o de la ley, tal como lo prevé el artículo 218 del Código de Comercio, en concordancia con la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, siendo algunas automáticas y otras declaradas por los asociados o por la autoridad competente. A su vez, es preciso señalar que la ley establece algunas causales de disolución especial de cada tipo societario.


El procedimiento para tramitar la liquidación se encuentra regulado en los artículos 225 y siguientes del Código de Comercio, entre los cuales se destacan los siguientes aspectos:


1.- El liquidador lo designan, se reitera, los asociados, pero en el caso de las sociedades por cuotas o partes de interés, podrá hacerse la liquidación directamente por los socios, si éstos así lo acuerdan por unanimidad (art. 229 ibídem).


2.- Igualmente, el artículo 232 de la codificación mercantil, prevé que “Las personas que entren a actuar como liquidadores deberán informar a los acreedores sociales del estado de liquidación en que se encuentra la sociedad, una vez disuelta, mediante aviso que se publicará en un periódico que circule regularmente en el lugar del domicilio social y que se fijará en un lugar visible de las oficinas y establecimientos de comercio de la sociedad.” Lo anterior, en la medida que los acreedores deben tener la oportunidad de conocer de manera pronta esa situación tan especial y definitiva de la sociedad, evitando que sus derechos puedan verse vulnerados en razón a liquidaciones improvisadas o secretas en las que no tengan la posibilidad de hacer valer sus acreencias, máxime que puede haber casos en los cuales la misma sociedad, por múltiples motivos desconozca obligaciones a su cargo, o estando registradas dentro de la contabilidad de la sociedad, ésta no refleje fielmente la totalidad de la mismas.


3.- Los órganos sociales (junta de socios o asamblea general de accionistas), continúan funcionando durante toda la etapa de la liquidación, y se reunirán en las fechas indicadas en los estatutos para sus sesiones ordinarias, o cuando sea convocada por los liquidadores, el revisor fiscal o la superintendencia, conforme a las reglas generales (artículo 225 ejusdem),


4.- Los liquidadores presentarán en las reuniones ordinarias de la asamblea o de la junta de socios los estados de liquidación, con un informe razonado sobre su desarrollo, un balance general y un inventario detallado. Estos documentos estarán a disposición de los asociados durante el término de la convocatoria.


5.- El inventario del patrimonio social debe ser aprobado por los asociados, el cual debe incluir, además de la relación pormenorizada de los distintos activos sociales, la de todas las obligaciones de la sociedad, con especificación de la prelación u orden legal de su pago, incluyendo las que sólo puedan afectar eventualmente su patrimonio, como las condicionales, las litigiosas, las fianzas, los avales, entre otros (artículo 234 op. cit). Sin embargo, es de advertir que al tenor de lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 2300 de 2008, deberán presentar a la Superintendencia de Sociedades para su aprobación, el inventario del patrimonio social en los términos establecidos en los artículos 233 a 237 del Código de Comercio, las sociedades mercantiles por acciones y las sucursales de sociedades extranjeras sometidas a su vigilancia o control cuando se den los siguientes eventos:


a) Cuando una vez elaborado el inventario del patrimonio social, los activos no alcancen para cubrir el pasivo externo.


b) Que, al momento de su disolución o terminación de los negocios en el país, según sea el caso, tengan a su cargo pasivos por concepto de pensiones de jubilación, bonos o títulos pensionales. Presentado el inventario, como se dispone en el artículo anterior, el Superintendente ordenará correr traslado común a los socios y a los acreedores de la sociedad por un término de diez días hábiles. Tal inventario es susceptible de ser objetado por los acreedores por falsedad, inexactitud o error grave (artículo 235 del Código de Comercio). Tramitadas las objeciones y hechas las rectificaciones a que hubiere lugar, o vencido el término en que puedan ser propuestas, el inventario será sometido a la aprobación de la asamblea general o junta de socios, según el caso.


6.- En las sociedades por cuotas o partes de interés no será obligatoria la intervención del Superintendente en el inventario que haya de servir de base para la liquidación, pero si dicho inventario se hace como se dispone en los artículos anteriores, cesarán las responsabilidades de los socios por las operaciones sociales (artículo 237 del Código de Comercio).


7.- Dentro del trámite liquidatario, el liquidador, con el producto de la realización del activo de la sociedad procederá a cancelar las cuentas de los terceros de acuerdo con lo que se encuentre registrado en el inventario, atendiendo en todo caso la prelación legal de pagos (artículos 2488 y siguientes del Código Civil). Pagado el pasivo externo, se distribui